Y después se quejan de los conflictos ambientales
Algo debe estar fallando en las políticas medioambientales que aplica el Estado, porque casi la mitad de los conflictos sociales activos que existen en el país están vinculados a problemas relacionados con la conservación del ecosistema, que enfrentan por lo general a comunidades, autoridades e inversionistas.
Ante este panorama, la buena noticia es que se trata de disputas previsibles, prevenibles e identificadas plenamente por la Defensoría del Pueblo. La mala noticia es que su solución no es sencilla o podría demorar porque las partes no han llegado a aceptar que deben sentarse a la mesa para encontrar salidas a una situación que puede afectar el ambiente, los recursos naturales y la vida misma de diferentes poblados.
Los conflictos ligados al rubro minero, por ejemplo, se han incrementado casi al mismo ritmo con que han surgido esas inversiones en los últimos años. ¡Qué decir de la desconfianza de las comunidades donde se desarrollan dichas actividades extractivas, muchas veces manipuladas y desinformadas sobre los beneficios y perjuicios que realmente se avecinan!
Lo peor es que existen problemas en los que no hay siquiera voluntad preventiva. Se trata de los conflictos latentes que, como avizora la defensoría, pronto degenerarán en disputas que, sobre todo, detendrán el desarrollo de regiones, en desmedro de sus propios habitantes y la inversión que necesitan.
Aquí, nuevamente, sobresale el factor socioambiental, por lo que la presencia activa del Estado es medular, como gestor, facilitador, dirimente, instancia rectora y, principalmente, como autoridad no obstaculizadora. Una denuncia reciente que ilustra lo anterior se refiere a los lotes petroleros de Talara, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM), prácticamente, estaría autorizando a las empresas concesionarias a liberar a la atmósfera gas metano. Estamos ante una sustancia 23 veces más dañina que el anhidrido carbónico, de nefastos efectos ecológicos. Sin embargo, en lugar de cautelar que las petroleras cumplan el cronograma de Osinergmin para que desarrollen inversiones que permitan reinyectar el metano o aprovecharlo de alguna otra forma, el MEM pretendería flexibilizar los plazos irresponsablemente.
El Gobierno no puede incurrir en estos vacíos. Por el contrario, tiene que adelantarse, no escatimar esfuerzos para enfrentar los antagonismos ni para instalar mesas de diálogo. Experiencias recientes han demostrado la eficacia de estos mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos, siempre que cuenten con el aval de todas las partes interesadas.
La PCM no cuenta con técnicos suficientes para abordar todos los procesos de diálogo, pero el jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon, podría retomar el impulso que dio, inicialmente, a las mesas de concertación, con el apoyo de los gobiernos regionales. Ellos tienen que tomar la iniciativa y crear espacios para que todos los grupos expongan sus demandas, hallen soluciones y se mitiguen los conflictos antes de que estallen.
El Gobierno no debe actuar solo cuando los hechos se desborden y el caos amenace la gobernabilidad. A eso llegaremos si no sopesamos los alcances de los conflictos y las discrepancias.