En conferencia de prensa comuneros torturados dan su testimonio
Marisol Espinoza: "Hechos responden a complot para militarizar la zona"
La congresista Marisol Espinoza viajó a la ciudad de Piura, hasta donde llegaron también los comuneros Abdelí Herrera Neyra y Servando Quinde Alberca, de los caseríos de Rosario Bajo y del Sagrado Corazón de Jesús, respectivamente, ambos ubicados en el distrito de El Carmen de la Frontera, Huancabamba - Piura, para dar testimonio de los abusos a los que fueron sometidos por algunos miembros de la policía en sus propias localidades.
Por lo menos seis comuneros de Huancabamba fueron detenidos de manera arbitraria, y hasta donde se conoce, dos de ellos fueron golpeados y torturados por efectivos policiales, con la finalidad que se inculpen del ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre al campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. la misma que se encuentra ocupando territorios comunales de manera ilegal.
Ambos comuneros manifestaron que fueron sacados a la fuerza de sus domicilios -sin ninguna autorización y/o la presencia de un representante del Ministerio Público- y posteriormente fueron trasladados hasta la comisaría de Huancabamba.
Para la parlamentaria nacionalista, estos hechos resultan sospechosos e incluso responderían a un posible complot para utilizar de pretexto este ataque y militarizar la zona a través de una base militar, tal como lo manifestara el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén.
De otro lado, recordó que los maltratos propinados contra los moradores huancabambinos la remontan a las torturas ocurridas en el año 2005 dentro del campamento minero de la entonces Minera Majaz. "La historia se vuelve a repetir (...) nuevamente la justicia se pone al servicio de las empresas privadas para poner una base militar. Primero es la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros ronderos", señaló la congresista.
Finalmente, demandó al Ejecutivo retomar el diálogo y dejar de evadir su responsabilidad para con las comunidades de la serranía de Piura. "Este es un tema de derechos, de respeto a la comunidad; se aumenta el proceso de conflictividad en la zona al no respetar la institucionalidad que debe existir", puntualizó.
Cabe recordar que la empresa minera no cuenta con los permisos correspondientes de las comunidades campesinas, ni con las autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas que le permitan realizar operaciones en la zona, por ello lo ilegal de su presencia.
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